A una semana de la fecha fijada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para la inscripción de las alianzas que concurrirán a esos comicios y a poco menos de un mes del momento en que deberán definir sus candidatos presidenciales, la oposición multiplica sus ataques contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
En vísperas de su IV congreso extraordinario, a efectuarse antes de que concluya febrero, el FSLN desarrolló durante las últimas dos semanas casi un centenar de asambleas municipales y departamentales caracterizadas por el respaldo unánime al proyecto político "cristiano, socialista y solidario" liderado por Ortega.
Según el criterio de dirigentes departamentales sandinistas, en esas asambleas se puso de manifiesto, además, el compromiso mayoritario de garantizar en las urnas la continuidad de ese proyecto por otros cinco años, para dar continuidad a los programas sociales aplicados en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.
De acuerdo con esos testimonios y con versiones publicadas de los congresillos municipales y departamentales, es prácticamente unánime, además, el respaldo a la candidatura de Daniel Ortega para un nuevo mandato al frente del Ejecutivo, como garantía de la continuidad de su gestión gubernamental.
En un escenario en el que todo parece indicar que la victoria del FSLN, con Ortega como candidato presidencial, es prácticamente inevitable, los ideólogos de la oposición trazaron una estrategia dirigida a tratar de impedir su candidatura, que califican de inconstitucional e ilegítima.
El artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe de manera explícita la reelección presidencial, pero en octubre de 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un dictamen en el que declaró inaplicable ese artículo de la Carta Magna, extensivo para el vicepresidente y los alcaldes y vicealcaldes.
Esa sentencia fue ratificada poco después por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que abrió las puertas al mandatario para participar en las elecciones generales de 2011.
Desde entonces, otras decisiones han fortalecido el carácter legal de la sentencia de la CSJ, mientras la oposición la convertía en el blanco de sus ataques, en sus esfuerzos por tratar de recuperar el poder perdido en 2006, después de 16 años de gobierno neoliberal.
La estrategia opositora parte del supuesto de que en ausencia del más popular y emblemático líder sandinista de la fórmula presidencial para las elecciones de noviembre próximo, sus posibilidades de triunfo en esos comicios son mayores.
Sin embargo, todo indica que con el masivo respaldo expresado durante las últimas dos semanas, el congreso del FSLN volverá a nominar a Daniel Ortega como su candidato presidencial, algo que ya incluso algunos líderes opositores comienzan a aceptar como irrevocable.
No obstante y pese a que cada día es mayor la división en las filas opositoras, todos coinciden en considerar ilegítima la candidatura de Ortega, al que tildan abiertamente de dictador con pretensiones de perpetuarse en el poder y califican su muy probable victoria electoral de fraudulenta.
De ahí que todos los líderes opositores, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero de no muy clara procedencia, insistan desde hace varias semanas en el reclamo de que haya observadores extranjeros en los comicios, lo que se ha convertido en su más reciente caballo de batalla contra el sandinismo.
En esa dirección, la oposición ha acudido a organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros en busca de respaldo para presionar al gobierno a que acepte observadores foráneos, hasta ahora sin resultados.
En la práctica, la batalla entre los sandinistas y la oposición, tiende a agudizarse por días, y en la medida en que se acerque la fecha de las elecciones será más acentuada, pero parece poco probable, al menos hasta ahora, que el rigor de los enfrentamientos políticos altere el resultado final.
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