En conferencia de prensa, Esparza Flores aseguró que las acusaciones de sabotaje al sistema de distribución de energía eléctrica en la zona centro del país, forman parte de la campaña de criminalización al movimiento que sostienen más de 16 mil electricistas por la restitución de sus empleos.
La criminalización del gremio en resistencia permite a las autoridades federales justificar la represión contra las y los electricistas, y aseveró que las fallas son resultado de la falta de mantenimiento e inadecuada operación de la red automática de suministro de energía eléctrica, así como a la obsolescencia del equipo y a la inadecuada operación de la red, única en el país.
En días recientes funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) declararon a medios de comunicación nacionales que había elementos para sospechar que gente del SME cortó un cable de mediana tensión con una “segueta”.
Los trabajadores aseguraron que cortar un cable de 23 voltios con una herramienta -como la que dijo el funcionario de la Comisión- sin que la persona que lo intente ponga en riesgo su vida, “es imposible”.
Esparza Flores indicó que actualmente 50 por ciento de la capacidad instalada en CFE pertenece a la empresa española Iberdrola, entre otras empresas de capital extranjero, por lo que “la energía que se consume aquí no la genera la Comisión; es de los privados”.
Tan sólo de 2000 a 2009 por brindar este servicio la iniciativa privada recibió 288 mil millones de pesos y actualmente existe una deuda de 1.3 billones de pesos por los contratos a 25 y 30 años, a ello se debe “el alto costo de tarifas”, sostuvo.
Además de los intereses económicos para la explotación de la industria eléctrica, Esparza Flores mencionó que detrás de la extinción de la empresa pública está la pretensión de eliminar los contratos colectivos de trabajo, como el que amparaba los derechos de 44 mil electricistas, de los cuales 10 por ciento eran mujeres.
Tras el despido masivo, 16 mil 599 trabajadoras y trabajadores no se han liquidado, a pesar de que esta ha sido una condición en la Secretaría de Gobernación (Segob) para negociar su reinstalación laboral.
En este panorama, Martín Esparza afirmó que no renunciarán a la exigencia de su derecho al trabajo, por lo cual continuarán con la apertura de negociación en la Secretaría de Gobernación e insistiendo para que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa de ley propuesta por el sindicato para modificar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y crear una empresa pública que atienda la zona de atención de la extinta LyFC.
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